Miguel Ángel Meza / Director Editorial / Consejo Coordinador Empresarial del Caribe

Coinciden los empresarios: la ley de Turismo debe cambiar Por: Miguel Ángel Meza Desde diversos enfoques y con distintos énfasis, los empresarios de Cancún coinciden en un objetivo ineludible: la reforma a la Ley Federal de Turismo debe ser aprobada, a fin de establecer que el turismo es prioridad nacional y política de Estado como instrumento eficaz de la acción social para el combate a la pobreza. Ésta fue, sin duda, la demanda general más clara y enérgica expresada por los representantes del sector empresarial durante el foro de consulta para impulsar la iniciativa para modificar la Ley Federal de Turismo, convocado por el diputado Francisco López Mena, presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, quien aseguró que hará lo necesario para que las propuestas sean tomadas en cuenta y repercutan favorablemente en los intereses del turismo de la región. Es el momento de “corregir errores históricos del Estado mexicano” —afirmó tajante durante su intervención el Ing. Orlando Arroyo, presidente del Grupo Sunset, quien agregó—: “Es momento de legislar, de manera clara y obligatoria, las políticas ambientales de ordenamiento territorial, de financiamiento preferencial, de libre competencia en materia de transporte, de firme aplicación de inversiones del estado en infraestructura turística urbana y del transporte y de seguridad jurídica a los inversionistas, en zonas de interés turístico prioritario.“ “Estoy convencido —enfatizó el líder empresarial— de que hay que revisar el capítulo II de la Ley Federal de Turismo para que la Declaratoria de Zonas de Desarrollo Turístico Prioritario deje de ser un simple enunciado demagógico y se convierta en un auténtico instrumento de desarrollo económico y social.“ El empresario destacó que “es necesario reevaluar el papel de FONATUR, ratificando sus funciones en la construcción de infraestructura, financiamiento a las superestructuras y dándole la posibilidad de realizar por sí mismo las edificaciones de oferta turística que resulten necesarias.” En otra parte de su intervención, Arroyo lamentó que “la falta de financiamiento preferencial para la iniciativa privada de Cancún ha provocado que los empresarios mexicanos se enfrenten a la competencia desleal de empresarios extranjeros que gozan, desde su país, de condiciones crediticias mucho mejores de las que existen en México.” Esto ha ocasionado —agregó el influyente hotelero— que en los centros turísticos mexicanos se esté “abriendo una barrera social, cada vez mayor, entre visitantes y visitados, debido al deterioro de las condiciones urbanas, a pesar de que la Ley prevé que SECTUR y SEDESOL son responsables de la dotación de infraestructura y equipamiento para el desarrollo urbano y turístico”. Sin embargo —dijo— “no se otorgan los recursos presupuestales necesarios para cumplir con esa obligación.” Por su parte, el arquitecto Jorge Pallas —actual presidente de la Comisión Nacional de Playas y Zonas Federales del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET)— expresó la necesidad de que se reconozca plenamente la Industria del Tiempo Compartido no sólo como una modalidad del contrato o actividad de hospedaje, es decir, no sólo como un acto de comercio, sino como un servicio turístico. “Este hecho —señaló en su documento el empresario— implicaría que el sector se encontrara regulado dentro de las facultades de la Secretaría de Turismo, e incluso se valorara la emisión de un cuerpo de Leyes de carácter federal que homogenice los criterios actuales de la industria, su regulación, requisitos legales y funcionamiento, con el fin de contar con los lineamientos normativos esenciales para el funcionamiento de las prestadoras del servicio turístico.” En su oportunidad, Sigfrido Paz Paredes —al referirse a la protección de los humedales y en particular del manglar—, alertó sobre la urgencia de mantener vigente la reforma a la norma oficial mexicana NOM-022, que permite la construcción de desarrollos urbanos, portuarios, turísticos y de acuaculturas en zonas de manglar, cuidando el impacto ambiental del proyecto y compensando la superficie de manglar afectada con otra superficie de igual tamaño, en otra zona. “Esta norma —consideró el experto— quedó como ejemplo de desarrollo sustentable, porque al mismo tiempo que protege el manglar, permite su utilización racional, con un componente de compensación que equilibra el desarrollo con la conservación. Gracias a esta norma, ya modificada, se han podido desarrollar proyectos turísticos, campos de golf, desarrollos urbanos, marinas y muelles en Quintana Roo.” Sin embargo, lamentó que el Senado de la República haya votado una modificación a esta Ley General de la Vida Silvestre, “gracias a la cual se protege el manglar, de manera absoluta, sin agregar la excepción compensatoria”. Si la Comisión de Turismo en Cámara de Diputados —donde se encuentra ahora dicha iniciativa— emite un dictamen favorable, la reforma a la Ley irá al pleno de la Cámara para su votación, y si ésta es positiva, tendrá un carácter de Ley General obligatoria. La aprobación de esta reforma a la ley de la Vida Silvestre cancelaría la posibilidad compensatoria de la actual NOM-022 y, en casos como el del Estado de Quintana Roo, prácticamente sería imposible realizar cualquier desarrollo urbano, turístico o portuario en la línea costera, a lo largo de la cual se encuentran grandes extensiones de manglar en toda la entidad. Por su parte, Severo Arellano, presidente de la Asociación Nacional de Autotransporte de Pasaje y Turismo, manifestó que es urgente revisar las actuales disposiciones en materia de transporte. Y agregó: “deben emitirse disposiciones legales que permitan la coordinación de las autoridades en la materia para que verifiquen el cumplimiento de la normatividad, pudiendo ser a través de Convenios o Acuerdos Federación-Estado”. Sobre todo, debe definirse claramente el ámbito de la competencia y las atribuciones de los servidores públicos, evitando la intervención política: “en muchas ocasiones, la actividad se ha movido en un entorno de políticas de gobierno que no concurren en su apoyo, e incluso, que se le oponen en perjuicio de la finalidad que se proyecta: reconocer el papel creciente de la libre competencia como instrumento de mejora, en la calidad y servicio.” En su turno, Rafael del Río, presidente de la Asociación de Clubes Vacacionales, recordó que “es contradictorio que se reconozcan las ventajas del turismo, pero que las políticas públicas y de inversión no lo apoyen. Por ello, la expedición de una nueva Ley de Turismo es una oportunidad extraordinaria, para concientizar los poderes, ejecutivo y legislativo, de la necesidad de crear instrumentos ejecutivos y no meramente consultivos, para romper los cuellos de botella que impiden el libre desarrollo de la actividad turística y el aprovechamiento de todo su potencial.” La nueva legislación —afirmó— “debe restablecer y definir la operación de la comisión Ejecutiva de Turismo, integrada al más alto nivel, por los sectores público y privado, para atender los casos de conflicto cotidiano, que frenan el desarrollo del turismo y crear Comisiones Estatales como las COMPEX (Comisiones para el Fomento de las Exportaciones) que atiendan y resuelvan localmente, en plazos perentorios, los casos de conflictos reglamentarios o demoras burocráticas en casos turísticos.” Así mismo, señaló que la nueva legislación debe restablecer la competencia de la Secretaría de Turismo y su corresponsabilidad en las leyes, reglamentos y procedimientos de otras áreas del sector público federal, como en el caso de la operación portuaria, la navegación, la cinegética, los transportes, la comercialización de artesanías, los eco-parques, los programas de manejo de zonas históricas y arqueológicas, el ordenamiento territorial, la protección al consumidor y los impuestos que se dirigen y afectan de manera particular el desarrollo del turismo. Maricarmen Mendoza, presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias de Cancún, señaló por su parte que es necesario promover leyes en seguridad, medios de comunicación y albergues, que nos hagan sentir que la prioridad de este polo de desarrollo es garantizar una estancia segura, “no sólo a quienes aquí decidimos vivir sino a los turistas que nos visitan”. En primer término, dijo, “solicitamos que se legisle en función de la seguridad para controlar y erradicar a grupos que saquean durante la emergencia; además, agregó, debe promoverse la imposición de sanciones para aquellos medios de comunicación que utilicen imágenes de eventos pasados que sólo desorientan a la comunidad internacional.” En cuanto a los seguros, la líder empresarial dijo que es necesaria una ley que “comprometa a las aseguradoras a pagar los daños en un plazo considerable, pues hoy nos enfrentamos a la lentitud en el pago de indemnizaciones”. Finalmente, al referirse a los albergues dijo que es importante que exista una ley que regule el uso y mantenimiento de albergues ya sean para la comunidad o para los turistas que quedan varados en nuestro destino. Los albergues deben de contar al menos con planta de luz y baños en condiciones higiénicas. Ha funcionado que cada hotel tenga un albergue asignado previamente. De esta forma, las agencias de viajes y los mayoristas sabrán dónde están resguardados sus clientes, lo cual nos lleva a tener un mejor control.” Finalmente, Eduardo Paniagua, presidente de la Asociación de Agencias de Viajes, precisó la necesidad de que La Ley Federal de Turismo regule también los servicios otorgados vía Internet. “Si logramos que se modifique esta ley —dijo—, de acuerdo con los cambios que día a día sufre la tecnología, será necesario ahora legislar sobre los servicios ofrecidos a través de la red virtual: ”es necesario establecer las mismas reglas de operación que conlleva una agencia de viajes establecida y una agencia de viajes virtual.”