Un proyecto de ley restringiría el trabajo de los grupos de la sociedad civil en México

Un proyecto de ley que está considerando la Cámara de Diputados de México restringiría severamente el trabajo de los grupos de la sociedad civil en México y violaría las obligaciones legales internacionales de México, dijeron hoy Human Rights Watch y Amnistía Internacional. Los legisladores deberían archivar la propuesta.

El proyecto de ley fue presentado por un legislador del partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, Morena, que tiene mayoría en ambas cámaras del Congreso. Prohibiría que las organizaciones sin fines de lucro intenten influir o cambiar las leyes, ya sea mediante cabildeo o mediante litigios estratégicos si reciben financiamiento, directa o indirectamente, de gobiernos o corporaciones extranjeras. El gobierno tendría la autoridad para revocar el estatus sin fines de lucro de las organizaciones que violen la prohibición.

“Esta propuesta podría impedir efectivamente que los defensores mexicanos de los derechos humanos participen en debates sobre políticas públicas, impugnen leyes abusivas en los tribunales o discutan cómo mejorar la protección de los derechos con los legisladores”, dijo Tamara Taraciuk Broner, directora interina para las Américas de Human Rights Watch. “Este es el tipo de intento de expandir el poder ejecutivo a expensas de las libertades fundamentales que hemos visto de líderes autocráticos en países que van desde Rusia hasta Nicaragua y El Salvador”.

“Las organizaciones de la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos que denuncian leyes y prácticas gubernamentales injustas, desafían a los que están en el poder y exigen justicia son cada vez más objeto de ataques en toda la región”, dijo Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional. “Durante décadas, las organizaciones de la sociedad civil han desempeñado un papel clave en la promoción de los derechos humanos en México al presionar al Congreso para que se realicen cambios legislativos y al impugnar las leyes abusivas en los tribunales. El proyecto de ley refleja la tendencia política más amplia en la que las narrativas tóxicas demonizan a las ONG con la intención de silenciar las opiniones críticas e inhibir la capacidad de los defensores de los derechos humanos para examinar las instituciones estatales”.

El presidente López Obrador ataca regularmente a grupos de derechos humanos, ambientales y de transparencia. A menudo señala públicamente a personas y organizaciones específicas en sus conferencias de prensa matutinas, acusándolas sin fundamento de ser parte de un complot de la oposición para derrocar a su gobierno. También ha dicho que los donantes internacionales y las agencias de ayuda deberían dejar de financiar a los grupos de la sociedad civil mexicana por respeto al “no intervencionismo”.

Grupos mexicanos se han pronunciado públicamente en contra de proyectos y propuestas promovidas por López Obrador y su partido que plantean problemas de derechos humanos. Los ejemplos notables incluyen un proyecto de ley que hubiera legalizado efectivamente la detención arbitraria y permitido el uso de pruebas obtenidas mediante tortura, y un proyecto ferroviario que, según los opositores, dañaría el medio ambiente y las comunidades indígenas. En algunos casos, los grupos han emprendido acciones legales para detener o retrasar estas iniciativas.

La introducción del nuevo proyecto de ley, que describe sus motivos, reconoce que grupos de la sociedad civil han impedido o bloqueado algunas propuestas gubernamentales y acusa a quienes lo han hecho de “conspiración golpista”, “intervencionismo” y “viol[ación] de nuestra soberanía nacional. .”

Human Rights Watch y Amnistía Internacional han documentado cómo otros gobiernos han utilizado leyes similares para restringir arbitrariamente la actividad de los grupos de la sociedad civil.

En Nicaragua, el gobierno ha cancelado el registro de decenas de organizaciones de ayuda y derechos humanos, como Oxfam, utilizando una ley que exige que cualquier organización que reciba financiamiento extranjero se registre como “agente extranjero” y luego les prohíbe interferir en “políticas internas”. .”

En Ecuador, durante la presidencia de Rafael Correa, el gobierno emitió un decreto que le otorgaba amplios poderes para regular o disolver grupos de la sociedad civil acusados de “injerencia política”. Utilizó estos poderes para expulsar a varias organizaciones internacionales y disolver un grupo ambientalista ecuatoriano después de que algunos de sus miembros protestaran contra la extracción de petróleo en la Amazonía.

En Venezuela, el gobierno ha aprobado una serie de leyes que restringen las actividades de la sociedad civil y ha perseguido penalmente a los grupos que reciben financiamiento extranjero, acusándolos de “traición a la patria” y “delitos contra la soberanía nacional”.

En Guatemala, entró en vigor una ley en junio de 2021 que autoriza al gobierno a cerrar arbitrariamente cualquier grupo de la sociedad civil que considere que ha violado el orden público.

En El Salvador, el gobierno propuso una ley de “agentes extranjeros” en noviembre de 2021 que habría prohibido a los grupos que reciben financiamiento internacional de “actividades políticas”. Tras objeciones de grupos de derechos humanos, la ley no avanzó, sino que sigue pendiente.

Fuera de América Latina y el Caribe, las autoridades de lugares como Rusia, Egipto y China han aprobado leyes draconianas para restringir el trabajo de los defensores de los derechos humanos y, en algunos casos, han enjuiciado y multado a grupos de derechos humanos por participar en “actividades políticas”. ”