Estafeta calcula que tardaria 18 meses en trasladarse al AIFA

La compañía mexicana Estafeta no se opone al anteproyecto de decreto para cerrar las operaciones de carga en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM); sin embargo, dejar el aeropuerto capitalino y contar con la infraestructura, equipo y personal necesarios para operar en otro conllevaría un gasto de alrededor de 100.5 millones de pesos, y tomaría alrededor de 18 meses, un plazo considerablemente largo si se compara con los 90 días planteados por el gobierno federal.

A través de la plataforma del Sistema de Mejora Regulatoria, la empresa se refirió al decreto firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, exponiendo algunos de los mayores costos que conllevaría dejar el aeropuerto capitalino, e incluso cuestionó los argumentos del gobierno federal para la emisión del proyecto, así como las condiciones bajo las que se llevaría a cabo.

“De hecho, [Estafeta] ha evaluado la posibilidad de mover sus operaciones a aeropuertos alternos”, dice la empresa. “Pero para poder concretar ese cambio es absolutamente necesario hacer un cálculo adecuado de los tiempos que llevaría el correcto traslado de la operación, además de que se va a incurrir en una serie de costos directos e indirectos que son de carácter diverso y mayores a los que se incluyeron en el Análisis de Impacto Regulatorio del anteproyecto”.

Los gastos estimados por la empresa se pueden agrupar en dos grandes rubros: el de las instalaciones y equipo –que requeriría de un total de 55 millones de pesos – y el de los vehículos necesarios para compensar la distancia desde una terminal como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), los cuales, considerando costos operativos, requerirían de un gasto de 45.5 millones de pesos.

Por una parte, la empresa refiere que necesitaría de una infraestructura operativa para el intercambio y clasificación de envíos con una superficie similar a la que actualmente ocupa en el AICM. En caso de que estuviera disponible para su alquiler, afectaría e costo de la operación cotidiana que incidiría en el consumidor final; sin embargo, a la fecha la empresa considera que no existen instalaciones que cumplan con estas características, por lo que debería de construirlas.

“Es importante mencionar que no es posible utilizar la infraestructura actual del AICM, ya que se debe diseñar ad hoca las dimensiones específicas de la nueva nave”, dice la empresa.

La empresa estima que entrega y recolecta alrededor de 250,000 envíos en la Zona Metropolitana del Valle de México, de los cuales un 35% deben de ser entregados en un máximo de 24 horas al interior de esta región y en varias ciudades como el Estado de México, Hidalgo, Veracruz, Morelos, Veracruz y Oaxaca.

Por otra parte, Estafeta considera que, para poder operar fuera del AICM en el aeropuerto alternativo seleccionado, sin que los tiempos de entrega se vean afectados, será necesario “compensar la distancia desde dichos aeropuertos hacia los centros de distribución” con 40 vehículos adicionales de última milla por un valor total de 40 millones de pesos, así como 3 millones de pesos por costos operativos. 

Aquí destacan costos adicionales en el supuesto de operar en el AIFA, pues las unidades deberían transitar sobre la Autopista Arco Norte que “presenta alarmantes cifras de seguridad”, advierte Estafeta, por lo que requeriría contratar servicios privados de seguridad incluyendo a custodios, que derivaría en un gasto de 2.5 millones de pesos mensuales.

“Destaca que la mayoría de las empresas de seguridad privada tienen tarifas especiales para los vehículos que transitan la autopista antes mencionada”, enfatizó la empresa.

Más allá del costo de 100.5 millones de pesos, la aerolínea considera que tendría que detener sus operaciones durante un mes y medio, pues el AICM funge como un centro de intercambio donde se operan en promedio más de 70,000 envíos diariamente. Este monto no considera costos laborales asociados con la salida de personal y la entrada y capacitación de nuevo, ni tampoco costos por terminaciones de relaciones contractuales con clientes y proveedores.

Dejando de lado las estimaciones de costos, Estafeta considera que el decreto debería considerar solo a aquellas operaciones que estén vinculadas a la saturación del AICM y no a todas las operaciones aéreas de carga, pues la empresa argumentó que realiza sus operaciones en horario nocturno, fuera de las horas declaradas como saturadas.

Además, señaló que el decreto viola la Ley de Vías Generales de Comunicación y la Ley de Aviación Civil, e incluso que se utiliza el argumento de la seguridad nacional de manera errónea.

“No se encuentran consideradas como una acción de seguridad nacional, la reordenación de la aviación, o las medidas de desaturación de los aeropuertos (…) Estimamos incorrecto que en la motivación se pretenda dar una definición ad hoc de seguridad nacional para efectos de justificar el contenido del anteproyecto del decreto”.