Juez ordena vacunar contra covid a todos los menores de edad de México

El fallo no busca generar un desequilibrio en la estrategia de la política nacional de vacunación, pero advierte no sólo se debe proteger a quienes presenten comorbilidades de riesgo

Un juzgado federal ordenó al gobierno federal modificar la política nacional de vacunación para que se vacune contra covid-19 a todos los menores de 18 años del país y no sólo a quienes presenten comorbilidades de riesgo. 

Claudia Irene Gámez Galindo, secretaria del juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de México, en funciones de jueza, concedió una suspensión definitiva a una menor de edad, medida cautelar que tiene efectos generales. 

En su resolución deja claro que su fallo no tiene el ánimo de generar un desequilibrio en el funcionamiento y estrategia contra el virus SARS-CoV-2, sino proteger el derecho humano a la salud de un sector que no ha sido contemplado por las autoridades. 

Por este motivo dio un plazo de 48 horas al gobierno federal, a partir de su legal notificación, para que se comience a inocular a todos los menores con la vacuna Pfizer-BioNTech, detalla el fallo emitido el viernes pasado. 

Gámez Galindo indicó que su resolución con efectos generales no es un criterio aislado, pues existen precedentes en diversos temas 

Además, diversos órganos jurisdiccionales han adoptado medidas similares en temas relacionados con regulaciones energéticas que involucran a un sector de la producción; en consecuencia, por mayoría de razón, si el derecho a la salud, en el caso específico involucra a todos los niños, niñas, y adolescentes del país (menores de 18 años), es inconcuso que este determinación debe hacerse extensiva a la generalidad, pues se busca la protección de ese sector de la población frente a la pandemia ocasionada por el virus covid-19, que evidentemente también afecta a los infantes”, explicó. 

La juzgadora puntualizó que en caso de que exista desabasto de la vacuna mencionada, “tal circunstancia no puede considerarse una justificación para no cumplir con la medida cautelar decretada”. 

Comentó que para garantizar el derecho humano a la salud, el Estado debe adoptar las medidas necesarias, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, su plena efectividad, de ahí que deben realizarse todos los esfuerzos indispensables para satisfacer, con carácter prioritario, sus obligaciones mínimas requeridas en materia de salud.