La Iglesia llama a la presidencia y a candidatos a la desmilitarización y a reducir la polarización política

Reformar el sistema de justicia, poner en el centro a las víctimas, acabar con los cotos de poder de los grupos criminales, dar marcha atrás a la militarización. Esas son algunas de las propuestas que la Iglesia católica presentó este lunes a los tres candidatos a la presidencia para combatir la crisis de violencia que azota a México y hacer un llamado contra polarización política y social. 

El Diálogo Nacional por la Paz, una iniciativa que agrupa a organizaciones civiles y religiosas, convocó a Claudia Sheinbaum de Morena, Jorge Álvarez Máynez de Movimiento Ciudadano y Xóchitl Gálvez de la coalición opositora Corazón y Fuerza por México a firmar un compromiso común contra la inseguridad y a adoptar una agenda compartida en sus programas de gobierno. “México enfrenta, desde hace casi 18 años, una de las crisis de violencia más graves de su historia contemporánea”, se lee en el documento para los tres aspirantes. “No hay paz sin verdad ni justicia”, se recoge.

El Compromiso Nacional por la Paz agrupa 117 propuestas en siete grandes rubros: tejido social, seguridad, justicia, cárceles, adolescentes, gobernanza y derechos humanos. Las recomendaciones van desde el combate a la violencia de género y el desarrollo urbano hasta políticas de desarme y reinserción social. El énfasis está puesto en lo local, aunque las políticas se plantean para las autoridades federales, estatales y municipales. “La violencia ha adquirido una dimensión comercial, que ha permitido el control de territorios y el establecimiento de una forma de gobernanza criminal”, se lee en el diagnóstico de los especialistas convocados. Los tres candidatos confirmaron su participación, aunque lo harán de forma escalonada.

En seguridad, la Iglesia pone en la mira “la desmilitarización paulatina” de la Guardia Nacional y su consolidación como un cuerpo civil; la profesionalización de las policías locales; la creación de una política nacional de control de armas, y una revisión de la política de drogas, para regular la marihuana y eliminar delitos como la posesión simple, una puerta a la criminalización de los usuarios. También se pide “construir datos confiables sobre homicidios y desapariciones con el fin de evitar el subregistro” y adoptar un enfoque de perspectiva de género y derechos humanos en los sistemas de procuración de justicia. En el análisis hay entre líneas un exhorto por “reducir el uso de la fuerza letal”, y por acotar la presencia de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública, en sentido contrario a la política del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

 En la procuración y administración de justicia prevalecen la discrecionalidad, la opacidad, los intereses políticos, la captura de las instituciones o la complicidad con redes criminales, el militarismo, la corrupción y la impunidad”, advierten los expertos. En las propuestas para el sistema judicial se plantea “desmantelar las redes criminales locales por medio de desmovilización, desarme y reinserción social de sus miembros”; garantizar la autonomía de las fiscalías y los ministerios públicos; crear un fondo federal para fortalecer los poderes judiciales locales; dar mayor peso a los mecanismos alternativos de resolución de controversias para desahogar el peso sobre los cuerpos ministeriales, e impulsar mecanismos para la rendición de cuentas, la transparencia y la vigilancia ciudadana en las tareas de altos funcionarios de seguridad y justicia. Se busca una política de Estado contra la criminalidad, que sirva como una hoja de ruta para la próxima década.

La propuesta tiene cuatro ejes prioritarios frente a la crisis de derechos humanos que aqueja el país: los desaparecidos, el combate a la violencia contra las mujeres, contra migrantes y víctimas de desplazamiento forzado, y contra los indígenas. “Es necesario diseñar una política propia frente a la migración, que tenga al centro a las personas, con autonomía de las presiones recibidas por parte del gobierno de Estados Unidos”, se expone. También se pone bajo la lupa el desempeño de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), una de las instituciones más criticadas durante la Administración de López Obrador. “Es imprescindible reforzar la autonomía de gestión y decisión de la institución”, se exhorta. También se denuncia una “creciente opacidad” en la CNDH, a cargo de Rosario Piedra Ibarra.

“México se debate entre un modelo de gobernanza criminal y un modelo de go- bernanza democrática que hasta la fecha ha sido incompleto y precario”, se lee sobre el avance de los grupos criminales. Los grupos religiosos y civiles denuncian “un crónico estado de corrupción” y una “impunidad sistémica”, y exigen la “consolidación del Estado de Derecho”, así como la creación de “condiciones de paz” en condiciones de conflicto. “La paz es posible, si se construye”, se afirma. En la parte de gobernanza también hay un tono crítico sobre las condiciones de acceso a la información gubernamental, la rendición de cuentas y la libertad de prensa.

El documento tiene un apartado especial sobre los adolescentes y reconoce “una deuda histórica” frente a los jóvenes. “Existe un estigma social generalizado que ubica a las y los adolescentes como un grupo conflictivo y económicamente no productivo; se les categoriza como personas adictas, vándalas, ociosas y muchos otros apelativos asociados al conflicto con la ley y a los grupos delincuenciales, generando así una discriminación y un abandono”, se señala. Los candidatos a la presidencia también han dado prioridad a los jóvenes en el arranque de la campaña, que empezó el pasado 1 de marzo. “Nuestro tejido social están en un proceso de degradación acelerada”, advierten los especialistas convocados y llaman a mejorar las condiciones de vida con vivienda digna, transporte público, oportunidades laborales, educación y un nuevo énfasis en la salud mental.

Está previsto que los aspirantes presidenciales escuchen el testimonio de víctimas, respondan a las recomendaciones de los expertos y firmen el compromiso. Se trata del acercamiento más visible de los tres candidatos con instituciones religiosas en lo que va de la campaña, tras las visitas de Gálvez y Sheinbaum al papa Francisco en el Vaticano. El programa pone a Álvarez Máynez primero en el orden de participación, después a Gálvez y cierra con Sheinbaum.