Ricardo Monreal, advirtió que el Congreso de la Unión no acatará una invalidación de la reforma al Poder Judicial por parte de la Suprema Corte

El líder parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, advirtió que el Congreso de la Unión no acatará una invalidación de la reforma al Poder Judicial por parte de la Suprema Corte y remarcó que, pese a todo, habrá elección de jueces, magistrados y ministros en 2025.

En entrevista, el legislador descalificó el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá que plantea la inconstitucionalidad de la elección de jueces y magistrados por voto popular, aunque admite la elección de ministros en las urnas.

“Nosotros no nos vamos a detener. Habrá elección de jueces y magistrados, porque él (González Alcántara) no tiene competencia para invalidar una reforma constitucional; viola el principio de legalidad, viola la doctrina, viola la jurisprudencia y asume un criterio totalmente caprichoso, arbitrario e ilegal”, puntualizó Monreal.

De igual manera, Monreal subrayó que la Suprema Corte no puede admitir que un ministro eche abajo una reforma aprobada por el Congreso de la Unión y la mitad más una de las legislaturas locales, así como que el proyecto del ministro González Alcántara da la razón a Morena y aliados sobre la reforma al Poder Judicial.

“Si no, estaríamos sometidos a un supremo poder conservador que no le importa lo que legisle el órgano reformador, no le importa que el Congreso de la Unión tenga todo lo que la Constitución previene para modificar la Carta Magna, no le importa que 16 más una legislaturas locales hayan votado por la reforma constitucional, y basta un solo hombre designado para que quiera arruinar todo el esfuerzo de un pueblo mexicano”, añadió.

El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos del Senado, Enrique Inzunza, advirtió que el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá para invalidar la elección de jueces y magistrados por voto popular es improcedente.

Ante el proyecto presentado, pidió a los ministros de la Suprema Corte que sean consecuentes con sus resoluciones, en el sentido de que las decisiones del poder reformador de la Constitución son inatacables por cualquier medio de control jurisdiccional, lo que incluye las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales.