Política monetaria, fiscal y reformas legales

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Politica monetaria



Las medidas adoptadas en las principales economías han protegido a las empresas de la insolvencia relacionada con COVID-19, si bien algunas ya arrastraban debilidad antes de la pandemia. Las economías modernas están innovando en la forma de hacer política pública, fortaleciendo la independencia de los bancos centrales y dándole más músculo a la política fiscal, lo que es una muestra de los que se debería estar haciendo en México.


Un hecho es claro: las recesiones económicas se asocian con el aumento de las insolvencias de empresas. Durante la Gran Crisis Financiera, las insolvencias aumentaron, pero en la recesión actual, más profunda, ese aumento no se ha materializado todavía. De hecho, la tasa de insolvencias se ha mantenido notablemente estable o incluso ha disminuido en el transcurso de la crisis de COVID-19. El apoyo ha sido muy variado: política monetaria acomodaticia, liquidez directa al sector privado, programas de retención de empleo financiados por el gobierno, moratorias de deuda, programas de garantía de crédito y subvenciones directas a las empresas. 


Una de las medidas ha sido la suspensión del deber de solicitar la insolvencia, que se promulgó en Alemania, Francia y España en marzo. En el Reino Unido, las empresas con dificultades financieras pueden entrar en una moratoria de 20 días hábiles. Por último, los EUA aumentaron el acceso a un proceso de reestructuración financiera para las pequeñas empresas. Si bien el número total de empresas que inician procedimientos de insolvencia se ha mantenido constante durante la pandemia en EUA, el número de reestructuraciones ha aumentado, mientras que las liquidaciones han disminuido.


Estas medidas eran necesarias para proteger a las empresas de la conmoción. Los cierres han afectado a sectores que eran viables antes de la crisis, que no se dedicaban a asumir riesgos excesivos y que deberían recuperarse rápidamente una vez que la pandemia haya terminado. Además, un aumento de las insolvencias podría haber tenido efectos devastadores en el plano macroeconómico. Por cada empresa que cierra, trabajadores pierden empleo, se reducen los ingresos del gobierno y de las familias, se incrementan los gastos presupuestarios por los subsidios de desempleo, y hay menor consumo.


La retirada del apoyo gubernamental podría restringir los mercados de crédito. Las enmiendas legislativas en vigor no sólo inhiben el registro de nuevas insolvencias, sino que también retrasan el avance de los procedimientos en curso, lo que significa que las pérdidas derivadas de los préstamos en mora todavía no aparecen formalmente en los balances de los bancos. 

El problema es que una ola de impagos ejercería presión sobre la capacidad de absorción de pérdidas de los bancos, complicando las condiciones financieras, aumentando la proporción de empresas sin acceso a la liquidez, lo que desencadenaría un círculo vicioso. Lo interesante de este proceso es que una reforma para limitar ante los tribunales la promoción de insolvencias puede tener incidencia en el comportamiento de los mercados de crédito. 


En vista de que Europa se enfrenta a una segunda ola de la pandemia, es probable que se mantengan los apoyos. Las medidas han sido eficaces para evitar el desempleo masivo (salvaron el 15% de los puestos de trabajo, según el FMI) y permitieron el repunte económico parcial, durante la segunda mitad del 2020.


Sin embargo, el futuro puede complicarse, pues los niveles de deuda de las empresas siguen aumentando. En la zona del euro, la deuda corporativa aumentó en 7.5 puntos porcentuales del PIB entre el cuarto trimestre de 2019 y el tercer trimestre de 2020. En los Estados Unidos aumentó en 9.87 puntos. Ahora, la cuestión vital es que los responsables de política deben prepararse para la ola de insolvencias que podría llegar rápidamente una vez que se levanten las medidas actuales.


Ésa es la discusión que hay en el mundo desarrollado. En México, por otra parte, el gobierno intenta justificar medidas económicas ultraortodoxas disfrazándolas de agenda de izquierda. Para unos es importante rescatar a los trabajos y a las empresas. Para el otro culparlos por la crisis e instrumentar medidas dignas de Margaret Thatcher.

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