Brexit, la historia interminable para Inglaterra

​A cuatro años el divorcio ha resultado más duro que blando
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Brexit



Cuatro años y medio después del inicio de unas negociaciones que derribaron gobiernos y agitaron mercados, el pasado 1 de enero finalmente se hizo realidad el Brexit. Tras 47 años de presencia británica en la UE se logró acordar, a grandes rasgos, los términos de la separación. Pero ambas partes seguirán regateando los pequeños detalles de la primera salida de un Estado miembro de la familia comunitaria. Muchos advierten que el acuerdo puede convertirse en el Brexit interminable.


El divorcio ha resultado más duro que blando pues se optó porque los antiguos socios mantuviesen una relación controlada. El Reino Unido apenas consiguió concesiones: sus servicios financieros no gozan de un acceso especial, no hay un reconocimiento automático de los títulos académicos, se han impuesto requisitos muy onerosos para la importación de algunos de sus productos y normas que podrían dañar muchas cadenas de suministro de producción y centros logísticos británicos. Además, los pescadores de la UE conservan cerca del 75% de los derechos para faenar en aguas del Reino Unido. 


Según Theresa May, su predecesora en el cargo, el Primer Ministro británico Boris Johnson consiguió cerrar el acuerdo a tiempo solo porque aceptó casi todas las condiciones de la UE. “Tenemos un acuerdo comercial que beneficia a la UE, pero no el acuerdo sobre servicios que habría beneficiado al Reino Unido”, comentó May.


UE - Reino Unido, aprendiendo a hacer negocios juntos

Los bienes exportados –pero no los servicios– estarán exentos de aranceles en una nueva zona de libre comercio entre Gran Bretaña y la UE. Las reglas de origen disponen que, para disfrutar de aranceles cero, todas las mercancías intercambiadas han de ser originarias de la UE o el Reino Unido, es decir, que aproximadamente el 50% de su contenido sea nacional. Esto significa que los productos importados al Reino Unido para su distribución en Estados miembro de la UE como Irlanda, o los productos fabricados en el Reino Unido mayoritariamente con componentes importados podrían acarrear aranceles punitivos, salvo que se demuestre al menos un 50% de procedencia británica. Los expertos creen que esto supondrá el cierre de la mayoría de los centros logísticos del país y un daño irreparable para muchas cadenas de suministro.



Parece que las empresas del Reino Unido, especialmente las pymes, no estaban preparadas para el enorme papeleo que deben tramitar si quieren exportar a la UE. La burocracia adicional redunda, entre otros ajustes, en mayores costes, retrasos e inventarios de suministros más exhaustivos. Los productos animales, que ahora deben acompañarse de certificados veterinarios en la frontera, y el sector pesquero, que debe acometer 28 procedimientos nuevos antes de exportar a la UE, son solo algunos ejemplos. Algunas empresas verán rechazadas sus exportaciones por incumplimiento; otras quizá dejen de vender en la UE para evitar la burocracia. Algunos economistas creen que el factor molestia ejercerá un gran impacto negativo en la productividad y el crecimiento del Reino Unido.

El Brexit pone a prueba la fortaleza de la City

En cuanto al sector financiero, que lidera la City londinense, las negociaciones del Brexit no han concluido y se espera que haya acuerdo en marzo. Durante décadas, los sistemas de negociación y los bancos londinenses han controlado el intercambio transfronterizo de acciones: hasta el 30% de todas las acciones de la UE negociadas en el continente pasaban por la City. El Brexit dio carpetazo al pasaporte que le permitía acceder y prestar servicios a clientes de cualquier lugar de la UE sin tener una presencia física allí. 

La UE puede negarse ahora a reconocer la normativa financiera británica como equivalente a la suya, obligando así a que muchas operaciones denominadas en euros vuelvan a la Unión. Para el Reino Unido lo ideal sería lograr un acceso similar al del sector financiero suizo, pero Europa quiere reducir su dependencia de la City y que los puestos de trabajo del sector financiero vuelvan al continente. Así, un acuerdo generoso con el Reino Unido se antoja poco probable.


Con todo, el éxodo de empleos desde el corazón financiero londinense podría ser menor de lo esperado. Se preveía que el sector financiero británico perdería unos 232 000 puestos de trabajo tras el referéndum pero, por ahora, se han quedado en unos 10 000. Sin embargo, cabe pensar que la marcha de empleados no ha cesado pues cerca del 14% de los activos bancarios de la City se ha ido, sobre todo a Fráncfort. En la primera jornada de negociación de 2021, ya culminado el Brexit, salieron de Londres acciones de la UE valoradas en 6 000 millones de euros hacia otra ubicación en Europa.


Londres no perderá su atractivo como centro financiero, seguramente especializado en finanzas verdes o en tecnofinanzas (fintech), pero es probable que el tamaño de la City, con sus elevados salarios e ingresos fiscales, se reduzca por primera vez desde que el Reino Unido se unió a la UE. 


Una frontera líquida entre las dos Irlandas

El problema más difícil de resolver, y que derrocó al Gobierno de May, es el de la frontera irlandesa. Irlanda del Norte, que forma parte del Reino Unido, comparte una frontera de 499 kilómetros con la República de Irlanda, país miembro de la UE. Esta es la única frontera terrestre entre ambas regiones (además de la de Gibraltar, adherida al acuerdo de Schengen para la libre circulación de personas). 


Para poner fin a la violencia de los terroristas del IRA, que atacaban puestos fronterizos en su lucha por reunificar las dos Irlandas, ambas partes decidieron invisibilizar la frontera en el Acuerdo de Viernes Santo de 1998. Reinstaurarla violaría el acuerdo, evocaría el conflicto e iría contra los intereses de irlandeses y norirlandeses por igual.


La exigencia de dejar una frontera abierta entre Irlanda e Irlanda del Norte ha complicado considerablemente las negociaciones del Brexit. La solución se concretó con la permanencia de Irlanda del Norte en el mercado único en cuanto a agricultura, alimentos y bienes, y en acatar las normas de la UE de los bienes intercambiados en el marco de la «zona reguladora de toda la isla». Los camiones que transporten mercancías pasarán entre Irlanda e Irlanda del Norte sin ser inspeccionados pero, cuando se cruce el mar de Irlanda desde Gran Bretaña, las dos Irlandas deberán aplicar la legislación aduanera de la UE y realizar inspecciones que garanticen el cumplimiento de sus normas de seguridad y salud.


También aumentará considerablemente la presencia de fuerzas policiales y aduaneras en los aeropuertos y puertos de Irlanda e Irlanda del Norte para hacer cumplir las normas fronterizas sin crear una frontera terrestre visible. En el puerto de Dublín tendrán que realizarse ahora unos 900 000 controles aduaneros, frente a los 200 000 previos al Brexit, ya que los envíos procedentes del Reino Unido no pasaban por la aduana. 


En los días que siguieron al inicio del Brexit los proveedores alimentarios de Irlanda del Norte se dieron cuenta de que el engorroso papeleo necesario para tramitar las inspecciones de la mercancía que había cruzado el mar de Irlanda les demoraba en exceso y dejaba vacías las estanterías de muchos supermercados. 


¿Hacia dónde va Reino Unido ahora?


Todas estas cuestiones prácticas y cotidianas repercutirán en los puestos de trabajo, el empleo y el PIB. El Gobierno británico estimó que, desde 2016, antes de la salida efectiva de la UE, su economía había dejado de crecer el equivalente a un 4% del PIB. Un estudio conjunto de la London School of Economics y la iniciativa “UK in a Changing Europe” prevé que, durante los próximos 20 años, el actual acuerdo del Brexit reducirá el PIB del Reino Unido más del doble que la covid-19. O sea, un 5% hasta 2040, una pérdida de 2 000 libras esterlinas por ciudadano.


La pregunta más relevante es si esta salida de la UE, tan dilatada y costosa, otorga a los partidarios del Brexit aquello por lo que votaron: “recuperar el control” en lugar de acatar las normas y reglamentos de la UE. Al anunciar el acuerdo, Boris Johnson declaró: “El destino de este gran país ahora reside firmemente en nuestras manos”. Pero para cerrarlo, el Reino Unido tuvo que aceptar los requisitos de la UE sobre un “marco de igualdad”, según el cual, no se le permitiría obtener ventajas competitivas socavando las normas medioambientales, climáticas o laborales de la UE ni subvencionando a las empresas. 


¿Ha recuperado el control? ¿Podrá cumplir Johnson su promesa de desregular la economía para convertir al Reino Unido en el Singapur del Támesis


Philip Hammond, antiguo secretario de Hacienda conservador, duda que se les permita emprender cambios regulatorios de peso para ganar en competitividad. «Mi preocupación siempre ha sido la misma: que estamos comprando un derecho teórico a disentir, que no usaremos, a un enorme precio económico». No es baladí la cuestión, de momento olvidada, de si el país se mantendrá unido políticamente después del Brexit, ya que ha vuelto a la palestra el apoyo a la independencia de los escoceses, favorables a la UE.


Pese a los altos costes, el acuerdo del Brexit ha supuesto un descanso en la batalla a favor y en contra de la UE que ha asolado la política del Reino Unido desde 1973. Ahora el Gobierno puede centrarse en cómo hacer frente a otros problemas urgentes como la pandemia, el incremento de la deuda y la creciente desigualdad. Según sus partidarios, el Brexit servirá al Reino Unido para reflexionar sobre cómo mejorar su posición en el mundo y recuperar el dinamismo perdido en la UE.


Entretanto, es probable que esta interminable salida se convierta en algo permanente en el paisaje político y económico de las islas. Para la UE, la pérdida puede facilitar el avance hacia una integración más profunda, sin la amenaza constante de uno de sus (ex)miembros más fuertes y discrepantes. Irónicamente, sin el Reino Unido en su seno, Europa podría salir reforzada. Si los innumerables costes del Brexit forzaran al país a pedir su reingreso en la UE, no nos sorprendería que esta se negara.


Colaboracion de.


Gayle Allard

Professor of Managerial Economics, IE University

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