Morena quiere legislar la Responsabilidad Social Empresarial

MORENA presentó una iniciativa de ley para crear la Ley General de Responsabilidad Empresarial y Debida Diligencia Corporativa. La propuesta recoge entre otros la creación de un Registro Nacional de empresas socialmente responsables, la elaboración de un Plan de Acción Nacional sobra Empresas y Derechos Humanos anual o el establecimiento de medidas especiales de solidaridad empresarial a causa de emergencias o catástrofes.

La creación de legislación en materia de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) ha sido fuente de debate a lo largo del tiempo y en todos los países. Algunos expertos consideran que la RSE debe ir más allá de las obligaciones legales, siendo una contribución voluntaria de las empresas si bien respetando el marco legal. Por otro lado, existen voces que señalan que la culpa de una inadecuada responsabilidad social de las empresas no es solo del sector privado. Las políticas blandas, imprecisas e irresponsables de los gobiernos, o los gobernantes permisibles y transigentes, pueden estar también detrás.

¿Por qué una ley sobre Responsabilidad Social Empresarial?

La iniciativa a la que Valor Compartido ha accedido, considera que son numerosos los informes sobre la situación mundial en materia de derechos humanos, medio ambiente, precariedad laboral y pobreza que hacen necesaria abordar la Responsabilidad Social Empresarial.

Igualmente destaca la creación de legislación e iniciativas en otros países y en las que se inspira esta propuesta. De este modo apunta a la ley de Deber de Vigilancia en Franciaque obliga legalmente a las casas matrices y empresas contratistas a identificar y evitar los abusos contra los derechos humanos y el medio ambiente resultantes no sólo de sus propias actividades, sino también de las de las empresas que controlan, así como de las actividades de sus subcontratistas y proveedores con que mantienen relaciones comerciales establecidas.

La propuesta asegura que otros países europeos como Alemania, Suiza y Holanda, ya están trabajando en leyes similares. También que la Unión Europea en abril de 2020, anunció que la Comisión Europea de Justicia se comprometerá a introducir reglas para la debida diligencia obligatoria corporativa sobre el medio ambiente y los derechos humanos en esa región, misma que estará promulgándose en 2021.

Por último, el senador Germán Martínez Cazares considera que la proposición legislativa presentada se encuentra en armonía con el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en su capítulo 23, con relación a lo laboral y el 27, sobre el combate a la corrupción.

¿Qué medidas contempla esta iniciativa para una ley de Responsabilidad Social Empresarial?

Entre otras, y a lo largo de los diferentes capítulos y artículos que contempla la ley presentada para consideración del Senado, se aplicarán sanciones por afectaciones a los derechos humanos no solo por la actividad propia de la empresa, sino también las realizadas por alguna entidad con la que la empresa mantenga relación comercial directa y la afectación se vincule claramente a las operaciones, productos o servicios de la propia empresa.

El senador propone la obligación de las empresas de implementar de manera permanente y progresiva, un programa de responsabilidad social empresarial, cuyo impacto sea verificable y cuantificable entre sus clientes, proveedores, empleados, grupos en situación de vulnerabilidad y cualquier grupo de Interés. Las empresas paraestatales tendrán la obligación de actualizar anualmente esos programas.

Dichos programas deberán inscribirse en la Secretaría de Economía, quien llevará un registro de las empresas que están desarrollando e implementando los programas. Las entidades financieras podrán convalidar los proyectos de inversión social privada y también se podrán convalidar como programas de RSE la comercialización de productos bajo esquemas de comercio justo.  

Toda empresa que incurra en una práctica de simulación social empresarial, con fines de obtener una ventaja comercial sobre su competencia, será sancionada en términos de lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Las empresas que cometan una violación de los derechos humanos podrían contar con beneficios ante una posible sanción si tuvieran registrado su programa de RSE con anterioridad y pudieran demostrar que su participación fue involuntaria o bien, que fuera imposible tener conocimiento del hecho para impedirlo o mitigarlo.

La ley también establece para las empresas consideradas como grandes contribuyentesla obligación de destinar entre el 7% y el 10% de la compra total de los insumos o contratación de servicios necesarios para su operación, a sociedades mexicanas conformadas, con por lo menos, el setenta por ciento de personas o grupos en situación de vulnerabilidad.

Para considerar que las empresas cumplen con su responsabilidad de respetar los derechos humanos, la iniciativa del senador les exhorta a tener: Un compromiso político y corporativo, de asumir la responsabilidad de respetar los derechos humanos que sea público y de libre consulta; institucionalizar un proceso de debida diligencia en materia de derechos humanos para identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas de cómo se abordan los impactos sobro los derechos humanos; y contar con procesos normados que permitan reparar todas las consecuencias negativas sobre los derechos humanos que hayan provocado o contribuido a provocar.

Todas las empresas deberán incluir en sus estatutos sociales una cláusula de respeto a los derechos humanos.  Incluso la ley contemplaría sanciones para empresas mexicanas que violen derechos humanos en otros países.

La propuesta prevé la elaboración de un Plan de Acción de Empresas y Derechos Humanos de carácter anual entre la Secretaría de Economía, Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Derechos Humanos que se encuadre dentro del Plan Nacional de DDHH. Este Plan deberá ser consultado y consensuado con las partes interesadas.

Medidas especiales de solidaridad empresarial

Si el país sufriera una epidemia de carácter grave, peligro de invasión de enfermedades transmisibles, situaciones de emergencia o catástrofe, todas las empresas establecidas en territorio mexicano podrán ser sujetas a medidas especiales de solidaridad para hacer frente a la situación, siempre y cuando se haya emitido la declaratoria.

Estas, señala el texto, deberán ser acompañadas de incentivos de carácter fiscal y/o económico para asegurar su viabilidad. Como ejemplos, el texto expone las siguientes medidas: Prórroga temporal en el pago de créditos bancarios; Continuidad en el pago de salarios de trabajadores sin importar la modalidad de contratación; Destino de recursos materiales, económicos y humanos según sea el caso, necesarios para atender la emergencia; Diferimiento en el pago de servicios indispensables para la subsistencia: y cualquier otra medida que se considere necesaria y se justifique para hacer frente a la emergencia.

La iniciativa no quiere rivalizar con el sector privado

El senador, apunta en su propuesta que “no es intención rivalizar con el sector privado, por el contrario, es modernizar la gestión empresarial garantizando el respeto de los derechos humanos y delimitando la responsabilidad de esta. Tal y como se postula en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, se considera a las empresas como un importante motor de crecimiento económico y de infraestructura al cual se debe de incluir inevitablemente dentro del Plan Nacional de Desarrollo”.

“Reconociendo el gran peso que la empresa tiene dentro del ámbito estatal, consideramos necesario lanzar la presente iniciativa de ley con el fin de incluir a la empresa dentro de la consecución de una serie de objetivos en común, en consonancia con el artículo 25° constitucional, así como los ODS, los cuales benefician a la población, a la empresa y al gobierno en su conjunto”.