Cuando Adán Augusto López Hernández dejó la gubernatura de Tabasco para sumarse al gabinete presidencial como Secretario de Gobernación, lo hizo con una imagen de operador eficaz y político disciplinado. Hoy, sin embargo, su nombre vuelve a los titulares, no por logros administrativos, sino por el eco de una organización que ha sembrado miedo: La Barredora.
Los recientes señalamientos contra esta agrupación criminal, que opera impunemente en municipios clave de Tabasco y la región del sureste, han encendido las alarmas. Lo que llama la atención no es solo el nivel de violencia y control territorial que ostenta el grupo, sino el periodo en que floreció: durante la administración de Adán Augusto.
Durante su gestión (2019-2021), Adán Augusto presumía de tener “control político” y “gobernabilidad ejemplar”. Sin embargo, mientras las cámaras enfocaban los anuncios oficiales, en las calles comenzaban a circular los primeros reportes de cobros de piso, desapariciones y ejecuciones atribuidas a células armadas locales que después serían identificadas como parte de La Barredora.
Fuentes locales afirman que el grupo criminal no solo creció en poder, sino que logró infiltrarse en sectores estratégicos como transporte, obra pública y seguridad privada. La pregunta que flota en el ambiente es inevitable: ¿cómo pudo prosperar una red de esa magnitud sin conocimiento del Ejecutivo estatal?
“Era imposible no saber”, comenta un exfuncionario municipal bajo condición de anonimato. “Todos los alcaldes sabían quién mandaba en la zona, y no era el gobierno”.
Desde su salida del gobierno estatal, Adán Augusto ha evitado pronunciarse directamente sobre el avance del crimen organizado en Tabasco. Y aunque ha intentado reposicionarse en el tablero político nacional, su nombre ya comienza a vincularse —al menos mediáticamente— con los vacíos de seguridad que permitieron el ascenso de La Barredora.
Los críticos señalan que su estilo opaco y hermético facilitó acuerdos en la sombra o, en el mejor de los casos, una omisión cómplice. No hay pruebas directas que lo involucren con el grupo delictivo, pero tampoco hay acciones claras que demuestren que lo combatió con decisión.
El fenómeno no es nuevo: la historia mexicana está plagada de gobernadores que juraron lealtad a la ley mientras bajo su mandato florecían estructuras criminales. El caso de Tabasco solo suma una página más a ese archivo gris.
Mientras La Barredora sigue operando, ahora bajo la lupa de medios y autoridades federales, la figura de Adán Augusto se vuelve cada vez más incómoda para el oficialismo. ¿Puede un político que presumía orden haber ignorado la construcción de un imperio criminal en su tierra natal?
Quizá la pregunta no sea si lo sabía, sino cuánto estaba dispuesto a tolerar para mantener una estabilidad política que hoy, con el tiempo, se revela artificial.
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